- Los Directores de todas de escuelas primarias y secundarias correspondientes a la Comuna;
- Un representante de cada una de las comisarías de la Comuna, cuyo rango no sea inferior a Comisario;
- El Jefe del Cuerpo de Bomberos correspondiente a la Comuna, en caso de tenerlo;
- Un representante de la Guardia de Auxilio;
- El Jefe del CeSAC de la Comuna, en caso de tenerlo;
- Un representante de cada uno de los Polideportivos correspondientes a la Comuna, en caso de tenerlos;
- Un representante de cada una de las bibliotecas populares de la Comuna.

La tarea que tendría seria:

1. Informar periódicamente a su comunidad sobre las acciones que desarrollen en su representación;
2. Proponer y elaborar programas, proyectos y planes de interés zonal o local;
3. Proponer las medidas que estime convenientes para mejorar la prestación de los servicios y obras de interés local, sugerir nuevos servicios y obras;
4. Informar al poder central de las necesidades de la Comuna y trasmitirlas conjuntamente con las propuestas de soluciones.
5. En general, expedirse sobre todos los asuntos de interés comunal.

La propuesta del diputado Fernando Sánchez, de la Coalición Cívica, puntualiza "En nuestro territorio, estimular la “participación ciudadana” va más allá de los deseos y del voluntarismo: es una necesidad, es un imperativo. De hecho, la “democracia participativa” declamada por el Artículo 1º de la Constitución de la Ciudad implica, en cualquier interpretación posible, que los ciudadanos porteños deben tener incidencia en las decisiones gubernamentales para guiar el desarrollo de la sociedad que conforman. A la vez, esta noción refleja la idea de un sistema político con disposición para crear instancias en que la ciudadanía se involucre en procesos que traten lo que “es necesario hacer” y “cómo implementarlo”.

Así, participación se plantea en adición al ejercicio electoral, como complemento al sistema representativo, y puede asumir un amplio rango de formas específicas" y agrega "En efecto, en el siglo XXI, la política ha dejado de ser vista como un patrimonio exclusivo de las instituciones formales para comenzar a afincar en la trama social, cerca de la experiencia concreta de cada cual. Así, la producción de nuevas instancias para la participación ciudadana apunta a una ciudadanía no tan vinculada a la "política institucionalizada" como a la acción colectiva de los propios ciudadanos".

El proyecto de ley argumenta "Si bien este cálculo forma parte del sentido común de las fuerzas políticas porteñas de todo el espectro ideológico, su itinerario nace de fuentes divergentes. A la “derecha”, la noción se hizo corriente para alentar la idea de un ciudadano que intervenga en el control de las acciones públicas, supuestamente ineficientes. A la “izquierda”, el discurso de la participación se incorporó, en un principio, como reaseguro ante la avidez del cálculo privado, supuestamente inescrupuloso. En ambos casos, la participación nace como respuesta a ante la pobre rendición de cuentas de quienes fueron electos o designados para llevar adelante políticas susceptibles de impactar sobre determinada comunidad.
En este marco, y como respuesta a la crisis de confianza en la habilidad del Estado y el mercado para balancear cohesión social y éxito económico, la participación ciudadana está llamada a ser un elemento que equilibre su inevitable tensión y nos ofrezca nuevas formas de la coordinación que contemplen la individualización creciente y el reconocimiento de identidades e intereses de los diferentes segmentos de la sociedad porteña contemporánea. En suma, la participación ciudadana es una potencial herramienta para la resolución de aspectos controversiales de la arena pública y, además, para recuperar el crédito para los gobiernos, sobre todo, a nivel local.
Incrementar la participación puede entenderse como un hecho beneficioso. En primer lugar, hace posible pensar en llevar al acto la cooperación entre distintos segmentos sociales.
En segundo lugar, puede acercar determinadas políticas públicas a su factibilidad al generar consenso, aún entre quienes no apoyan, en principio, la imposición de determinado punto de vista.
En tercer lugar, puede servir para “reenganchar” a los ciudadanos en la discusión acerca de aspectos comunitarios con las instituciones formales, contribuyendo a disminuir el grado de la crisis de representación.
En cuarto lugar, un proceso participativo bien conducido puede mostrar caminos nuevos para resolver determinado problema, apelando a la movilización de recursos (entre ellos, la creatividad) de los actores de la sociedad civil. En quinto lugar, un proceso participativo bien diseñado contribuye a que la ciudadanía gane nuevas capacidades y a un mayor entendimiento del trabajo del gobierno" y agrega "Todo lo dicho hasta aquí se ubica en el plano teórico; su traducción a la práctica, sin embargo, debe intentar despojar a la participación de las características “milagrosas” que le atribuye el discurso político vulgar. Tal como demuestra el estudio de casos, no todos los arreglos institucionales que permitan el acceso de los ciudadanos a procesos gubernamentales de toma de decisiones garantizan que ésta sea más democrática. En efecto, la participación ciudadana es una condición necesaria pero no suficiente para asegurar “más democracia”.
Estimular un círculo virtuoso de participación ciudadana requiere poner en interacción dos términos habitualmente asociados a ella: “ciudadanía activa” y “capital social”. Así, la participación es medio para incentivar o revigorizar la creación y reproducción de ambos términos. Está claro, si la existencia de una ciudadanía activa es quimérica y el capital social está en declive, el estímulo de la participación ciudadana no redundará en la renovación del sistema democrático. Es por lo dicho que desde la Coalición Cívica sostenemos, desde nuestro nacimiento como partido, que corresponde crear espacios promovidos desde las instituciones públicas que permitan restaurar el compromiso cívico y, a la vez, revertir tendencias adversas a la conectividad social.
En este sentido, el presente proyecto concibe al Cabildo Comunal como un medio, como un soporte, con un doble propósito: la expresión de la ciudadanía y, a la vez, su articulación con actores clave de la vida comunal. Para ello, se recurre a una simple idea: juntar en un mismo espacio a actores formales con conocimiento directo, por el rol que ocupan y la responsabilidad que conllevan, de las problemáticas sectoriales de la Comuna para que rindan cuentas ante los vecinos y, eventualmente, establezcan estrategias comunes para la consecución de determinados fines.
Para ello, el proyecto propone un protocolo elemental que atribuye un rol protagónico para el/la Director/a de los Centros de Gestión y Participación Comunal, figura responsable de darle vida al Cabildo y encargada, entre otras cosas, de convocar las reuniones con determinado orden del día, ejercer la moderación de las mismas y llevar las actas correspondientes, que luego remitirá a diversos organismos y pondrá a disposición de la ciudadanía.
Por otra parte, las reuniones del Cabildo se estructuran a partir de, en primera instancia, la exposición de sus miembros frente a los vecinos, resaltando puntos pendientes de una reunión anterior o, sencillamente, consignando el estado de la cuestión en lo que hace a la institución que representan. A estas primeras exposiciones, le siguen las palabras de las/os vecinas/os asistentes que podrán manifestar sus opiniones o reclamos. Finalmente, los/as representantes formales del Cabildo podrán volver a tomar la palabra, tras lo cual se pasará a resolver cada uno de los puntos del temario, en principio por consenso y en última instancia por votación.
El objetivo de los Cabildos es crear un ámbito para que los vecinos, las asociaciones barriales, los futuros miembros de la Junta Comunal o del Consejo Consultivo se vinculen con actores concretos a la hora de tratar sus problemas y sus capacidades. El Cabildo Comunal se inscribe en el proceso de transición hacia las Comunas, establecido en el artículo 47 de la Ley 1.777 y, así planteado, puede favorecer a que distintos segmentos sociales se conecten entre sí en busca de sinergias y se involucren en una acción colectiva que movilice vínculos inter-personales con fines políticos. Consideramos que este esquema contribuye a la sutura de la brecha entre la representación política y las bases ciudadanas, a afinar las distinciones entre las diferentes fuerzas políticas, a acercar las decisiones gubernamentales a la factibilidad y a aportar soluciones creativas que involucren a nuevos actores.
A lo dicho, sólo cabe agregar que el éxito de los cabildos Comunales sólo estará dado a partir de un fuerte compromiso por parte de la administración pública central. Este compromiso puede leerse en clave ideológica, pero también en términos de conveniencia: para profundizar la descentralización es esencial ofrecer ámbitos en los que ciudadano pueda seguir el desarrollo de la cosa pública e informarse sobre las leyes que rigen sobre la comunidad y el territorio. Así, aumentan las posibilidades de que la ciudadanía ocupe la escena pública y recupere el compromiso (directo o indirecto) en el rumbo colectivo.
La transición hacia el gobierno comunal debe apostar por revigorizar el espacio público. En este proyecto, se entiende que el Cabildo puede servir como un escenario en el que converjan distintos segmentos sociales y, al menos, convertirse en un espacio del que puedan emerger relaciones sociales inexploradas y nuevas dinámicas de poder".

Para poder construir un nuevo estadio, existe un proyecto que considera el traslado de 2 manzanas, a zonas aledañas, según se verifica en la imagen que sigue: