Buenos Aires, 8 de septiembre de 2014– En el marco del programa de deporte inclusivo de la Subsecretaría de Deportes y la SECHI (Secretaría de Hábitat e Inclusión), se llevó a cabo en el Parque Manuel Belgrano (ex-KDT) una clínica con chicos de la villa 1-11-14 y del barrio Los Piletones, que contó con la presencia de Tony Hawk, el mejor skater del mundo, que se presentará el sábado durante un festival de deportes extremos en los Bosques de Palermo, desde las 13 horas.
Tony hawk charló con los más de 200 jóvenes, que pertenecen a los talleres de iniciación deportiva que estas dos áreas del gobierno llevan adelante hace varios años y que cuentan con 15000 chicos, donde compartió experiencias propias para motivar la práctica del deporte y de la actividad física.
El estadounidense realizó algunas demostraciones junto a los presentes y firmó autógrafos en remeras y tablas además de intercambiar con nuestros chicos de los barrios del sur de Buenos Aires algunas palabras sobre la importancia de la amistad y el respeto en el deporte.
El conjunto de actividades que llevará a cabo Tony Hawk son vitales para Buenos Aires teniendo en cuenta que es considerada la capital sudamericana del deporte callejero, y albergará los juegos olímpicos de la juventud en el 2018.
Cabe destacar que los chicos que formaron parte de la actividad del viernes, que por cuestiones climáticas se trasladó al Parque Manuel Belgrano, y que también presenciarán el gran festival que se realizará mañana en el parque 3 de febrero llevarán puestas remeras con el emblema de los YOG y los valores olímpicos (Respeto, Excelencia y Amistad), siendo estos últimos los pilares más importantes en un juego olímpico de la juventud.
El mejor skater de todos los tiempos en Buenos Aires
El norteamericano Tony Hawk participó el sábado 6 de septiembre en Av. Figueroa Alcorta y Dorrego del Xtreme Life Fest. La primera edición de este festival, de entrada libre y gratuita, contó con los mejores riders de Sk8 y BMX local e internacional.

El defensor del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor, intimó al presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (ADECRA) a dejar sin efecto la decisión de imponer a todos los afiliados a los servicios de medicina prepaga el cobro de adicionales o copagos, así como cualquier otra modalidad de arancelamiento indebido para cualquier tipo de consulta, tratamiento o estudio médico que éstos requieran.
Al mismo tiempo, solicitó a la Superintendencia de Servicios de Salud que considere la convocatoria urgente al Consejo Permanente de Concertación, creado en el artículo 27 de la Ley Nacional 26.682 y su reglamentación a los efectos de generar un ámbito de discusión e intercambio como mecanismo apto para procesar el conflicto suscitado.
Finalmente, Amor requirió al Secretario de Comercio de la Nación en su carácter de Autoridad de Aplicación de la Ley 24.240 y de la Ley 26.682 que evalúe el inicio de una actuación de oficio y, en su caso, el dictado de una medida preventiva que ordene el cese de la conducta adoptada por ADECRA (conf. Art 45 LDC).

Tomó esa decisión en el marco de un pleito en el que un contribuyente venía sosteniendo que las multas tributarias revisten naturaleza penal, y en consecuencia su plazo de prescripción estaría regido por el Código Penal de la Nación, que dispone que sea de dos años para hechos reprimidos con multa, y no por el Código Fiscal de la Ciudad, que fija un plazo de cinco años para determinar y cobrar tributos.
Los jueces José Osvaldo Casás, Ana María Conde y Luis Francisco Lozano coincidieron en sostener que el plazo de prescripción de las acciones de la Administración para imponer las multas fiscales es el mismo que tiene el organismo para determinar la obligación tributaria, es decir, de cinco años.
Señalaron que la circunstancia de que no esté expresamente previsto el plazo de prescripción para la imposición de multas tributarias no lleva a la solución que pretende la actora, ésto es la aplicación del Código Penal. Entre otras razones, fundaron esa decisión en una interpretación sistemática del Código Fiscal, y en las consecuencias perniciosas de aplicar plazos distintos para determinar deudas tributarias y las consecuentes sanciones por omisión fiscal.
Casás se refirió en sus argumentos a las prerrogativa de los Estados locales para tipificar y sancionar contravenciones, infracciones y faltas, en los ámbitos más variados y específicamente, en materia tributaria.
La juez Alicia E. C. Ruiz no suscribió la resolución por encontrarse en uso de licencia.
La juez Inés M. Weinberg se excusó de intervenir en este expediente por haber firmado la sentencia de fondo de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario.

Dolores no sabía escribir, había aprendido a leer y luego de ser despojada de ese terreno nunca hizo ningún reclamo; siguió viviendo como pudo, en Villa Lugano primero y en La Tablada después, criando a sus hijos e intentando ofrecerles la mejor calidad de vida.

Hoy sus nietas, Clelia Isabel Creste y Élida Dolores Creste, buscan reconstruir esta historia, después de ver los desalojos del Parque Indoamericano en 2010 y el del sábado 23 de agosto pasado en el mismo barrio.

Ellas son hijas de Rosa Benavente, una de las hijas de Dolores, y llegaron a poder reconstruir esos hechos a partir del relato de Rosa, que "murió en el año 2000 pensando que en algún momento le podía llegar el aviso de que tenía razón y que iba a poder cobrar un dinero para terminar "el baño de su casa y poder comprarle una moto a cada nieto'".

En diálogo con Télam, la que relató la historia es Verónica González, diputada nacional del Frente para la Victoria por Tierra del Fuego, que es hija de Élida y viene escuchando lo que sucedió con esas tierras desde que era muy chica.

Resaltó que "al ver lo que sucedió con las familias que vivían en el Parque Indoamericano en su momento y ahora con quienes vivían allí, hizo que mi mamá y mi tía refuercen su necesidad de conocer y rearmar ese rompecabezas".

"Mi abuela siempre relató que su madre (Dolores) había sido despojada de su casa, siendo propietaria de esos terrenos porque la familia de la que descendía su padre, Santiago Froilán, que eran de apellido Benavente, habían sido quienes le habían comprado esas tierras a Juan Manuel de Rosas", explicó González.

En ese sentido, Élida, quién también dialogó con Télam, recordó que "Dolores se había casado en segundas nupcias con este hombre que era mucho mayor que ella y que falleció antes del incendio", y precisó que "ese incendio se produjo en la década del 20, la familia fue reubicada en otra casa pero cuando quisieron volver, nos los dejaron, ya que esas tierras había sido expropiadas por el Banco Francés de entonces".

Si bien Dolores nunca llevó adelante ningún reclamo, en la década del '80 a su hija Rosa le adelantaron que "recibiría una notificación para cobrar por la apertura de calles de ese terreno pero nunca recibió notificación alguna y se murió en el año 2000 sin cobrar un solo peso", contó su nieta, Verónica González.

La causa judicial referida a estas tierras estaba caratulada "Club Atlético San Lorenzo y otros. Sobre Reivindicación” y según indicó Verónica llegó a la Suprema Corte de Justicia y fue iniciada durante la década del 80 por Carmen Salatino de García que era una de las cuñadas de Rosa pero con la que después han perdido el contacto.

"Al reconstruir esta historia lo que pretendemos es poder reivindicar la historia de mi abuela y con ella la de muchas familias que fueron despojadas y no tuvieron las posibilidades, ni las herramientas para reclamar ante la justicia sobre sus derechos", destacó la actual diputada que se trasladó junto a su familia a Tierra del Fuego en los '80 y '90 por el trabajo de su padre en un frigorífico.

Por último, tanto Verónica como Élida, destacaron que "el objetivo de reconstruir esta historia es que se pueda revisar el itinerario de tierras en las que hay una injusticia fundante y que hoy vuelven a ser visibles por una problemática con injusticias relacionadas al acceso a la vivienda".

El presente al que hacen referencia, es al desalojo que una gran cantidad de familias sufrieron cuando efectivos de la Policía Metropolitana y la Gendarmería irrumpieron en el barrio la mañana del 23 de agosto y por el que hoy existen cuatro expedientes judiciales en cuyas páginas se investigan los hechos de ese día, como los anteriores, que van desde la organización de la toma hasta el intento de desalojo previo, la existencia de un arma de guerra y el incumplimiento del gobierno porteño de la ley de urbanización y saneamiento del predio.