La reciente sanción del paquete de leyes que reforman el sistema judicial es una nueva etapa en el proceso de degradación de la República. Pero no es la única. Florecen a la vez numerosas muestras que indican claramente un camino de achicamiento de la Nación y sometimiento popular.

El nuevo sistema judicial va a un callejón sin salida. Las normas sancionadas por el Congreso contienen gran cantidad de disposiciones manifiestamente inconstitucionales, las que serán bloqueadas por numerosos tribunales a lo largo y ancho del país. Teniendo en cuenta que la Justicia –valga la paradoja- será juez y parte en la cuestión, los hechos marchan aceleradamente hacia el estallido de un conflicto de poderes que paralizará la acción de gobierno, en medio de problemas de todo tipo que van creciendo y que es necesario solucionar.

El rol de la Corte Suprema de Justicia será fundamental, como cabeza del Poder Judicial y como órgano político capaz de discutir el poder. Su presidente Ricardo Lorenzetti fue objeto de un ataque inoportuno por parte de la diputada Elisa Carrió, quien lo acusó de haber pactado con la Presidenta Cristina Fernández.

En la críptica lógica de la legisladora, cualquier pacto con el adversario representa una claudicación, y una traición a sus aliados. No parece ser ésta una circunstancia que merezca ese calificativo. Tal como se están dando los hechos y ante la impotencia de la oposición en el Congreso, que no logra parar una iniciativa tan descabellada, es positivo para la vigencia de la República que la Corte siga administrando sus recursos económicos, evitando ser vaciada, tal como hubiera ocurrido si se aprobaba el proyecto tal cual salió de la cocina presidencial. También es bueno que la Corte se abstenga de hablar públicamente de los proyectos en términos políticos. La política es el territorio natural del gobierno y es un ámbito hostil a la Justicia. Esta se maneja mejor dentro de sus palacios, y a través de sus sentencias. Allí es donde puede hacerse fuerte y hacerle daño al gobierno, como ya lo hizo varias veces. Por ello, éste arremete contra ella.

El próximo paso que intentará dar el gobierno en este mismo sentido será la ampliación de los miembros de la Corte, tal como anticipó alegremente Eugenio Zaffaroni. Para los intereses gubernamentales, quizás hubiese sido más conveniente incluir esa decisión en el paquete de leyes, pero quizás, se haya llegado a la conclusión que no alcanzaban las manos en el Congreso para concretar dicha iniciativa.

Las perspectivas de una Justicia debilitada, llenan de nubarrones el escenario económico alejando cualquier clima favorable a la inversión. Esta requiere seguridad jurídica, valor que queda pulverizado con esta clase de medidas. Esta sensación se reflejó en la disparada del dólar paralelo de esta última semana, termómetro de la falta de confianza que genera el gobierno en materia económica. Entre los operadores financieros, hoy existe la certeza que el dólar paralelo seguirá subiendo, lo que genera un aumento de la demanda, provocando así un proceso de causa-efecto permanente que lleva a la suba de la cotización.

Pero ésto es sólo la espuma de la cerveza. Lo esencial es la constante pérdida de valor de la moneda argentina, provocada por el proceso inflacionario gestado a partir del aumento de la emisión de pesos sin el respaldo debido en divisas y sin el correspondiente aumento de productividad de la economía nacional. El gobierno no puede evitar ese aumento por la necesidad de tapar agujeros fiscales generados por la voracidad del sector público.

Los comunicadores oficialistas intentan hacer creer que la inflación es un subproducto de la especulación financiera generada por las grandes corporaciones, y de la permanente actitud conspirativa que las mismas tienen frente al gobierno nacional y popular . Además de ser una sanata y un ejercicio de vagancia intelectual –se dijo siempre lo mismo en todas y cada una de las etapas inflacionarias del país- pensar así lleva a un nuevo fracaso frente al problema de la inflación, mal estructural y no colateral de la economía argentina.

El reciente episodio vivido entre el Ministro de Economía Hernán Lorenzino y una inofensiva periodista griega, muestra el grado de incompetencia profesional y política del funcionario frente al problema de la inflación. Lorenzino no sabe, ni puede, ni quiere hacer lo que es menester para resolverlo. Todos sabemos cómo terminará esta novela.

La inflación –además de un mal económico- es un mal social. Los principales afectados son los trabajadores, que ven cómo sus salarios van languideciendo mes a mes. Paralelamente, el marco inestable que genera la inflación, desalienta las inversiones y promueve la fuga de capitales. Ya puede verificarse un proceso recesivo, que ha detenido hace años la generación de empleo. A ello se agrega la injusta tributación que afecta a gran cantidad de asalariados, a los que se les retiene el Impuesto a las Ganancias, pese a tener sueldos de nivel medio.

Ese mismo empobrecimiento de la clase media es la que se vivió en los meses previos al estallido de diciembre de 2001. En aquella época, con cierto desdén se decía que sólo salían cuando le tocaban el bolsillo….como ahora. Hoy la clase media está nuevamente en la calle, que ha sido perdida definitivamente por el gobierno, circunstancia que lo pone particularmente incómodo, nervioso, inseguro y proclive a cometer errores.

¿Qué pasaría si a esa clase media harta, se le uniera –como en 2001- las capas más humildes? El conflicto social sería inevitable, y la capacidad de reprimir por parte del gobierno sería nula, dado que las fuerzas de seguridad no acatarían órdenes en tal sentido. ¿Qué falta para llegar a ello? Que se profundice el deterioro de las empresas que proveen empleo, y que el Estado no dé abasto con los planes sociales. En diciembre del año pasado, Río Negro fue una muestra de lo que pasaría si se acaba el asistencialismo estatal.

Pero otro factor dinamizador de la ira social es la exhibición pública, sin réplica consistente, de la corrupción sistémica que ha caracterizado al régimen kirchnerista desde 2003. Resulta insólito que el programa de Jorge Lanata supere holgadamente en el rating a las transmisiones de fútbol los días domingo. Y con cada denuncia que allí se genera, el resto de los medios hacen sus programas del resto de la semana, dándole a cada escándalo una resonancia multiplicada.

Más aún, un error táctico del gobierno ayudó a esa multiplicación. La operación realizada por periodistas del multimedios América, tendiente a farandulizar el escándalo de Lázaro Báez, lejos de acallar los ecos, los maximizó, por la popularidad de las personas directa o indirectamente involucradas.

Y otra consecuencia no prevista fue la pérdida de miedo que va detectándose en distintas personas que pudieron estar al tanto de hechos graves de corrupción. Se produce un efecto contagio, y a la vez, la sensación de saber que la publicidad brinda seguridad a quien denuncia. La clandestinidad es la aliada principal de la corrupción mafiosa.

La sociedad, incluyendo a quienes votaron al gobierno, observa el carácter impactante de cada denuncia y las respuestas endebles de los acusados, formándose así un concepto social cada vez más degradado de la naturaleza moral del kirchnerismo.

El gobierno que en ese proceso su gran enemigo es el grupo Clarín, principal vehículo a través de cual se le comunica a la ciudadanía todas estas atrocidades. El episodio vivido en la asamblea del multimedios, en el que Guillermo Moreno, Axel Kicilof y Daniel Reposo irrumpieron con actitudes patoteriles, son un aviso de sus intenciones, aún no consumadas porque alguien con más tino político los ha frenado: la intervención del grupo por parte de la Comisión Nacional de Valores, cuyo titular Alejandro Vanoli acompañó a aquéllos en la ocasión.

Mientras todo ello ocurre, la población sufre en carne propia las consecuencias de la falta de inversión estatal: accidentes de trenes, inundaciones devastadoras, cortes de energía, inseguridad, jubilaciones miserables…. La corrupción no es sólo un hecho moral grave, sino que es fuente de muertes, enfermedades y pérdidas graves, sobre todo para los más humildes.

Cuarenta años atrás, el General Juan Domingo Perón decía cuando los pueblos agotan su paciencia, hacen tronar el escarmiento. Quizás, el gobierno encuentre en una sociedad harta y movilizada el límite que la política institucional no logra imponerle.

La obra costará unos 150 millones de pesos y una vez terminada servirá para que por allí transiten 200.000 pasajeros por día en las 10 líneas de colectivos que correrán por los carriles centrales. La repavimentación del lugar y la construcción de las bases donde se montarán las estaciones es hoy la fotografía de los cambios estructurales que ya se advierten en la arteria.
Parte de esta traza, desde el Obelisco hasta Constitución, fue recorrida en bicicleta por LA NACION, junto con el subsecretario de Transporte porteño, Guillermo Dietrich.
"El traslado de los colectivos que hoy circulan por Esmeralda y Maipú hacia la avenida generará un ambiente más sano, aire más limpio, menos ruido y mayor seguridad vial para caminar en el microcentro. Así, el peatón ganará espacio en un ambiente más saludable y de mayor bienestar", dijo el funcionario. Y agregó: "Las paradas de colectivos en estaciones confortables mejorarán la calidad de la espera. Ofrecerán un refugio accesible, confortable y seguro, y estarán equipadas con cámaras de seguridad, pantallas que brindan información en tiempo real y servicio de Wi-Fi".
Con las obras de por medio, hoy el tránsito en la 9 de julio se lentificó notoriamente; pero a bordo de una bicicleta, indudablemente, las distancias y los tiempos se acortan en el microcentro. "Colocaremos cinco estaciones (14 paradores) en total y éste es el trabajo que están realizando ahora entre Sarmiento y Perón, por ejemplo", muestra Dietrich, mientras se interesa en hablar con los encargados de cada cuadra para conocer los detalles de la obra.
"A ver cuándo terminan esto que no se puede pasar", grita un conductor al grupo de visitantes que se traslada en bicicleta por los carriles de la 9 de Julio que están en obra. Dietrich asegura: "Cuando esto esté listo, habrá un 50% de reducción en el tiempo de viaje. El usuario podrá saber cuánto tiempo le llevará ir desde un punto a otro de la ciudad. Atravesar esta traza llevará menos de 20 minutos, mientras que por las calles del microcentro hoy puede demandar hasta 55 minutos", sostuvo el funcionario.
La obra del Metrobus comenzó el 11 de enero pasado. Tres carriles de la avenida, entre Corrientes y Mitre, en sentido sur, fueron cerrados. Entonces, el gobierno comenzó con la poda y el traslado de numerosos árboles, lo que motivó la queja de vecinos que fueron a la Justicia y consiguieron un amparo para suspender la remoción de los ejemplares.
Según constató LA NACION en la recorrida, ya son muy pocos los árboles que quedan en dos cuadras de los carriles centrales, anteriores al empalme con la autopista 9 de Julio Sur. "Los que se quitaron de aquí fueron trasplantados en los laterales de la avenida, algo que se advierte claramente, porque los árboles están sostenidos con sogas", explicó Dietrich.
Entre la avenida Belgrano y la calle Sarmiento, por ejemplo, los carriles laterales de Carlos Pellegrini y Cerrito fueron ensanchados. Pasaron de tres carriles a tener otro más exclusivamente para detención, algo que coordinó el Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
"El Metrobus reordenará la avenida para darle prioridad al transporte público, que usa la mayoría de la gente; así se mejorará sensiblemente la circulación y el ordenamiento de todos los vehículos. Los autos particulares mantendrán su capacidad actual. Mientras que la operación de frentistas, garajes, hoteles, bancos y los distintos comercios y establecimientos, así como la circulación y el ascenso y descenso de taxis mejorará porque se aumentará la capacidad de Cerrito/Lima y Pellegrini/Irigoyen, y por la eliminación de colectivos sobre éstas", dijo el funcionario.
Las 10 líneas de colectivos que circularán por los carriles centrales de la avenida 9 de Julio son 59, 67, 100, 129, 70, 91,10, 17, 45 y 9. Además, habrá dársenas de carga y descarga, y las combis que hoy operan en el entorno Obelisco, Teatro Colón, Tribunales y 9 de Julio se trasladarán a un nuevo centro operativo, ubicado en el estacionamiento bajo nivel entre Sarmiento y Perón. Y se instalarán dársenas de carga y descarga donde hoy se encuentran las paradas de colectivo (Cerrito/Lima y Carlos Pellegrini/Irigoyen).
Según Manuela López Menéndez, coordinadora de Unidad de Proyectos Especiales Metrobus (UPE ), están cumpliendo con los tiempos de obra propuestos. "La coordinación que hay entre la Subsecretaría de Transporte y el Ministerio de Espacio Público es la clave para esta obra, que será inaugurada en el mes de julio", dijo.
Hoy, en la obra puesta en marcha están reacondicionando los cruces de la avenida 9 de Julio, para hacer pasos peatonales más seguros. Además, se acortarán los tramos de cruce con apoyos intermedios para los transeúntes, ya que no habrá que atravesar 25 metros sin escala, sino sólo 15 metros.
150 / Millones de pesos
Es el costo total de la obra, que incluye cambios estructurales en la avenida 9 de Julio. Los trabajos estarán terminados en julio próximo, según el gobierno porteño
200.000 / Pasajeros por día
Son los que se movilizarán en las diez líneas de colectivos que circularán por los carriles centrales. El tiempo de viaje se reducirá en un 50%
1854/ Árboles
Es la cantidad de ejemplares que habrá en total en la avenida, distribuidos en los bulevares laterales y el carril central. Se busca potenciar el carácter verde de la arteria