Según un informe de la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) solo 1 (uno) de los 20 partidos políticos y alianzas, que participaron este año en las elecciones a Jefe de Gobierno porteño, realizó su presentación de gastos de campaña sin irregularidades. Se trata de la Alianza Frente de los Ciudadanos, cuya fórmula estuvo compuesta por el abogado Enrique Piragini y José Luis Ferrari.

A su vez del informe se desprende que el Movimiento Federal de los Jubilados y el Partido para la Cultura y Desarrollo Social no cumplieron con formal presentación de los comprobantes de gastos que establece la ley de partidos políticos vigente.

Llama la atención además que los comprobantes de gastos presentados por la Alianza Propuesta Republicana (PRO) fueron observados en un 70,10%, mientras que los presentados por el Frente para la Victoria fueron objetados en un 29,49%, llevándose las palmas negativas la Alianza Proyecto Sur, movimiento político al cual le observaron el 94.95% de los comprobantes presentados y eso que este espacio político se constituye en muchas ocasiones como el adalid de la moral y el más apegado a la ley..

El trabajo surge a partir de la Ley Nº 268 de Regulación y Financiamiento de Campañas Electorales, que establece que la Auditoría de la Ciudad sea encargada de “controlar los informes de ingresos u gastos electorales efectuados por los Partidos Políticos como consecuencia de su participación en las elecciones a Jefe y Vicejefe de Gobierno porteño” realizadas durante el mes de Julio/2011.

Como se puede observar en el siguiente cuadro, el partido que mayores ingresos y gastos tuvo fue el encabezado por Mauricio Macri, con casi $9.5 millones por cada concepto. La fuerza que contó con el presupuesto más bajo para la campaña fue el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), con un monto cercano a los $100 mil.

Continuando con la presentación de gastos, la AGCBA indicó que “hubieron 3 (tres) partidos que entregaron sus informes con demoras”, es decir, que superaron el plazo de los diez días antes de la celebración de las elecciones para hacerlo. Ellos son: La Unión Cívica Radical (UCR), que tardó cinco días más; el Partido de Acción Ciudadana, que se atrasó dos; y el Partido Alternativa Social, que envió sus informes a la Auditoría de la Ciudad con un retraso de “18 días”.

Los auditores porteños detectaron que hubo seis casos, entre ellos el de la fuerza encabezada por el ex árbitro Javier Castrilli, en los que “los gastos denunciados por las partidos han sido inferiores al Aporte Público recibido, registrándose montos remanentes”. Lo que significa, en otras palabras que tuvieron sumas sin utilizar.

Al respecto, el organismo de control dijo que “por tratarse de fondos públicos (con afectación especifica y con cargo de rendición), se debe intimar al partido que no utilizó todo el aporte público recibido” para que devuelva la diferencia.

El informe sostiene que “la utilización de una cuenta bancaria especial, y la realización a través de ella de todas las transacciones vinculadas a la campaña, es una de las herramientas principales para el control de ingresos y gastos”. No obstante, la Auditoría advirtió "un importante nivel de incumplimiento de esta prescripción". De hecho, en las elecciones a Jefe de gobierno porteño de 2011, hubo solo 4 casos en los que ésta reglamentación se cumplió. En el resto de los partidos la cuenta no fue utilizada o lo fue parcialmente”, como la Coalición Cívica, Proyecto Sur y la UCR. En relación a esta última fuerza, también se detectaron “pagos efectuados por cuentas no oficiales”.

Propagandas electorales:

El artículo 4 de la Ley N° 268 determina que “la propaganda gráfica que los candidatos utilicen durante la campaña electoral debe contener, sin excepción, la identificación de la imprenta que la realice”. Sin embargo, cuando la Auditoría llevó a cabo el relevamiento fotográfico de los anuncios en la vía pública detectó “el incumplimiento total o parcial de doce fuerzas políticas”, entre ellas el Frente para la Victoria, el PRO, la Coalición Cívica y Proyecto Sur.

A su vez, tanto en el artículo 3 de la ley en cuestión como el final del artículo 61 de la Constitución de la Ciudad se establece que durante la campaña electoral y hasta finalizar el comicio, “el Gobierno porteño no podrá realizar propaganda institucional que tienda a inducir el voto”. De todas formas, se detalla en el informe que durante el período vetado “fueron emitidas diversas publicidades del Gobierno”, entre las que se destacan Ciudad Emergente, Metrobus, Agenda Cultural, Copa América, Elecciones en Comunas y Policía Metropolitana, entre otras.

Muy instructivo el informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, esperemos que en las próximas elecciones los partidos políticos y/o alianzas que participen cumplan estrictamente lo dispuesto por la legislación vigente a fin de que se transparente totalmente el manejo de los recursos públicos aplicados para desarrollar las campañas electorales.

A pesar de que fue votada mayoritariamente por la bancada PRO y redactada sobre la base de un proyecto de ese sector, el jefe de gobierno impidió su puesta en vigencia. Silencio de Dietrich, subsecretario de transporte.

Mauricio Macri vetó la Ley 3882 que fue sancionada por la Legislatura porteña el pasado 8 de octubre. En su articulado dispone que todos los autos 0 kilómetro que se vendan en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán ser entregados con el correspondiente Manual de Reparación y Mantenimiento respectivo a cada unidad y modelo.

El proyecto contemplaba que se debía brindar toda la información técnica necesaria que facilite la reparación, recambio y mantenimiento de las piezas, sistemas o conjuntos de partes que integran los sistemas mecánicos, electrónicos o computados de cada unidad y modelo.

Esto le permitiría al dueño del vehículo tener la alternativa de contratar la reparación y/o mantenimiento del mismo por fuera de los servicios oficiales de reparación. Asimismo, la norma vetada por el Gobierno porteño establece que todo vehículo que se comercialice en la Ciudad deberá contener el Equipamiento de Seguridad Básico, constituido por un matafuegos de 1 kilogramo, balizas portátiles y dos chalecos reflectantes ajustables.

El diputado porteño de la Coalición Cívica, Sergio Abrevaya, reaccionó duramente por el veto dado por el Ejecutivo porteño a una ley de su autoría. "Guillermo Dietrich confunde lo que es la función pública con los negocios familiares" señaló en legislador. Aseguró que "es lamentable que Mauricio Macri escuche a un Subsecretario de Transporte que defiende los intereses de las concesionarias, priorizándolos, en lugar de atender una ley que fue aprobada por la Legislatura, y que contó con el apoyo de mecánicos y propietarios de talleres, y que permite el libre acceso a la información de todo automóvil 0 kilómetro que fuera adquirido en la Ciudad".

"Como si fuera poco también se veta el equipamiento de seguridad que la misma ley disponía, con lo cual, por ejemplo, cae la obligación de las concesionarias de entregar los autos vendidos 0 kilómetro con un matafuegos", puntualizó el legislador.

"El subsecretario de Transporte, Guillermo Dietrich, prioriza los intereses de las concesionarias, que `casualmente` son el negocio de su familia , que los de los consumidores y usuarios, al evitar que cada persona que compre un auto O kilómetro en la Ciudad reciba el Manual de Reparación y Mantenimiento respectivo a cada unidad y modelo, lo que les permitiría contratar libremente con quién reparar su vehículo", destacó Abrevaya, "y no tener la obligación de recurrir a la misma concesionaria", agregó.

"Este nuevo veto del Gobierno de Macri además significa continuar cercenando los derechos de los talleristas que deberían tener pleno acceso a la información para poder trabajar en igualdad de condiciones con los servicios que disponen las concesionarias" , puntualizó finalmente el legislador porteño.

La Ley 3882 fue sancionada por la Legislatura porteña el pasado 8 de octubre. En su articulado dispone que todos los autos 0 kilómetro que se vendan en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán ser entregados con el correspondiente Manual de Reparación y Mantenimiento respectivo a cada unidad y modelo. El proyecto contemplaba que se debía brindar toda la información técnica necesaria que facilite la reparación, recambio y mantenimiento de las piezas, sistemas o conjuntos de partes que integran los sistemas mecánicos, electrónicos o computados de cada unidad y modelo.

Esto le permitiría al dueño del vehículo tener la alternativa de contratar la reparación y/o mantenimiento del mismo por fuera de los servicios oficiales de reparación.

Asimismo, la norma vetada por el Gobierno porteño establece que todo vehículo que se comercialice en la Ciudad deberá contener el Equipamiento de Seguridad Básico, constituido por un matafuegos de 1 kilogramo, balizas portátiles y dos chalecos reflectantes ajustables.

Sin embargo, esto ya no será así porque lo que se trabajó en la Legislatura que debatió y sancionó la ley, fue dejado sin efecto a raíz del veto del Gobierno que integra un Subsecretario de Transporte de la Ciudad que tiene relación directa con quienes serían los `perjudicados` con lo dispuesto en la norma. Habría que recordar que la función que cada uno de los miembros del Gabinete y sus subsecretarías tiene es defender a los ciudadanos, hayan o no elegido a Mauricio Macri como Jefe de Gobierno, proteger sus derechos y respetar lo dispuesto por la Legislatura, en palabras del propio Ejecutivo, "el lugar más democrático de la Ciudad".".

Sol, playa y el Río de la Plata. En ese contexto inauguró el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, la temporada de Buenos Aires Playa.

El lanzamiento del verano 2012 para las playas porteñas se llevó a cabo en el Parque de los Niños, donde también estuvieron el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta y el Ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli, entre otros funcionarios.

Como señaláramos en otros acontecimientos que genera el GCBA, esta modalidad que ya se instaurara años atrás en nuestra ciudad, es otra copia aporteñada de lo que se realiza en las principales ciudades europeas que carecen de playas naturales.