03/09/2012
LA JUSTICIA DETERMINO LA PROHIBICION DEL 0800 IMPLEMENTADO POR EL CCBA

La jueza Elena Liberatori dictó una medida cautelar contra el 0-800 implementado por el gobierno de la Ciudad para denunciar actividad política en los colegios. De acuerdo con la medida, dispuesta en el marco de la acción de amparo promovida por el abogado constitucionalista Roberto Boico, se prohibió la utilización de la línea telefónica como persecución política a los jóvenes y niños, atento a las normas constitucionales que los protegen, y redirigió su implementación sólo a denuncias de conductas penales tipificadas en el Código Penal.
La jueza, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Número 3, dispuso que la información y los datos aportados a través de la línea 0800 “solamente tendrán virtualidad jurídica para el caso de hechos que pudieran constituir delitos en los términos del Código Penal, en cuyo caso el Ministro de Educación deberá promover las denuncias judiciales pertinentes hasta tanto exista un protocolo de funcionamiento y utilización de la información obtenida por ese medio”.

VECINOS Y JUNTISTAS ENFRENTAN LA POLÍTICA ANTI- COMUNAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD

Primeras reacciones
En las rendiciones de cuenta semestrales que los Presidentes de las Juntas Comunales se vieron obligados por ley a hacer ante los Consejos Consultivos Comunales, la disconformidad de los vecinos con la política oficial de vaciamiento de la gestión comunal, empezó a ponerse de manifiesto. Declaraciones formales o informales, públicas o privadas, de muchísimos vecinos y organizaciones integrantes de los Consejos Comunales, pusieron a las claras que la descentralización y la participación vecinal en las decisiones barriales, no son aceptadas por el Gobierno de la Ciudad; a pesar de estar claramente establecidas en la Constitución de la Ciudad y en la Ley de Comunas 1777.
En no pocos casos los Juntistas Comunales de los partidos opositores hicieron o intentaron hacer rendiciones de cuenta independientes de las hechas por los presidentes de las respectivas Juntas, ya que en las mismas no se habían tenido en cuenta sus propuestas. Quedó así al descubierto, el autoritarismo partidario del PRO en un organismo ejecutivo colegiado que, por naturaleza, debe tomar decisiones consensuadas para beneficio de la comunidad barrial toda, por encima de los intereses partidarios. En consecuencia, ya comenzaron a aparecer las primeras reacciones públicas de los Juntistas no alineados con esta política anticomunas.
Renuncias, resoluciones y enfrentamientos
La situación de presión, ninguneo en las reuniones y decisiones y negación de lugares y medios para trabajar, que sufrieron y sufren los Juntistas Comunales no pertenecientes al partido oficialista, a manos de los presidentes de las Juntas Comunales, empezó a estallar al interior de las mismas.
La renuncia del Juntista Daniel Rotta denunciando esta situación, fue una de las primeras manifestaciones públicas de este estallido. La resolución Nº 4 de la Junta Comunal de la Comuna 15 – en ausencia de los Juntistas del PRO – emplazando al Jefe de Gobierno a realizar la transferencia de funciones y recursos a la Comuna, fue la segunda. La tercera fue la valiente denuncia pública que la Juntista María Suarez, hizo de este cuadro de situación en la Comuna 3.
Estos hechos y muchos más, que no detallamos por no haber alcanzado estado público, son una muestra del efecto tremendamente pernicioso que la política oficial anticomunas está produciendo en esta novedosa y original institución porteña.
La frutilla de la torta
La política anticomunas implementada por el secretario de Atención Ciudadana Dr. Macchiaveli y apoyada por el Jefe de Gabinete Sr. Larreta y por el bloque PRO de la Legislatura, es clara. No le otorgó presupuesto propio a las Comunas – como marcan las leyes – y concentró los recursos asignados a las mismas en su Secretaría. No les transfirió prácticamente ninguna competencia, convirtiéndolas en un organismo inútil que no puede cumplir ninguna de las funciones para el que fue creado. Y por último, contraviniendo expresamente la ley 1777, en lugar de disolver los CGP – organismos públicos dependientes del Gobierno Central en los barrios y estructuralmente verticalista y no participativo – los disfrazó y fortaleció bajo el nombre de Unidades de Atención Ciudadana (UAC). Con esta política se opone manifiestamente a la descentralización de las Comunas y a la participación vecinal en las decisiones y el control de los Gobiernos Comunales.
Como si esto fuera poco, y a modo de frutilla de la torta anticomunas, la Diputada Herrero – Presidente, contradictoriamente, de la llamada Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana de la Legislatura – comenzó a desarrollar la maniobra destinada a modificar y desvirtuar la Ley de Comunas. Para impedir que dicho organismo sea, justamente, descentralizado y participativo.
Advertencia del Movimiento Comunero
En reiteradas ocasiones el Movimiento Comunero advirtió sobre esta política anticomunas, instó a la dirigencia política de la ciudad a aceptar el nuevo actor social al que protegen y le dan lugar institucional las Comunas – el vecino común – y previno sobre las reacciones que dicha política iba a provocar.
En consecuencia el Movimiento Comunero declara públicamente que se va a oponer por todos los medios legítimos y hasta las últimas consecuencias, a toda acción destinada a impedir el cumplimiento de la Constitución y la Ley de Comunas. Guárdense entonces los funcionarios del Gobierno de la Ciudad, los legisladores del bloque pro y los políticos oficialistas, de tacharnos de antimacristas. No somos anti nada. Hemos luchado mucho y durante mucho tiempo a favor de las Comunas y lo seguiremos haciendo. Al Gobierno dirigido por Macri le asusta lo que defendemos: la participación vecinal en los gobiernos descentralizados de las Comunas.
NO SOMOS ANTI MACRISTAS, MACRI ES ANTI COMUNAS.
Buenos Aires, 28 de agosto de 2012.

TAXIS Y DISCAPACITADOS
En la Provincia de Mendoza ha regulado el funcionamiento y las condiciones mínimas en que los servicios de taxis y remises deben atender a los pasajeros afectados por alguna discapacidad, habiéndose determinado una serie de sanciones pecuniarias (multas) para aquellos que no observen las disposiciones que en la materia ha puesto en vigencia la Secretaría de Transporte provincial.
Es común que personas con discapacidades motrices no puedan conseguir con facilidad un taxi debido, principalmente, a la negativa de los choferes a trasladar también la silla de ruedas o cualquier otro elemento ortopédico. Pero la nueva normativa establece que “los propietarios de estos vehículos deberán adecuar el servicio a las necesidades de los pasajeros, incluyendo el traslado de su material ortopédico”.
Los taxistas y remiseros que no cumplan con la nueva reglamentación, que busca integrar a las personas con discapacidad, serán multados siendo el valor de la misma igual a la falta más grave vigente, según lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 6082.
Posiblemente en la ciudad de Mendoza esto haya sido posible pues el presidente del Consejo Provincial de Discapacidad, Germán Ejarque, cotidianamente se traslada para cumplir sus funciones en silla de ruedas, de tal manera, que conoce muy de cerca la problemática de viajar en este servicio público realizado por privados.
El precitado funcionario comenta que hay una evidente discriminación o comodidad por parte de los taxistas y remiseros, incluso afirmó que en la CABA ha pasado varias veces hasta cerca de 2 horas esperando que un taxi lo lleve pese a estar circulando vacíos por la ciudad.
La realidad nos indica entonces que cualquiera sea la geografía donde viva la persona con discapacidad, siempre a la hora de elegir pasajeros los choferes prefieren trasladar a personas sin problemas en lugar de privilegiar a los que poseen algún tipo de discapacidad.

Ahora que han aumentado las multas en la CABA sería bueno incluir este tipo de multas en las disposiciones vigentes, como se ha dicho, con el mayor monto posible a fin de que los remiseros y taxistas porteños no discriminen a este tipo de pasajeros.

NACE UN POLO DE PELICULA A ORILLAS DEL RIO DE LA PLATA

Ante personalidades del cine y los medios, CFK presentó el proyecto para construir un Polo dedicado al desarrollo de contenidos audiovisuales. Destacó “el valor generador de puestos de trabajo” del sector y su capacidad para “exportar contenidos culturales”.

“Siempre es más importante construir que destruir. En este momento en que todo el mundo parece venirse abajo, nosotros tiramos para adelante”, aseguró ayer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al anunciar la creación de un Polo Audiovisual en Puerto Madero. Cerca de 1300 personalidades de la cultura, el cine y el espectáculo se asombraron con la presentación del proyecto que planea la construcción de una “ciudad” dedicada al desarrollo de contenidos audiovisuales. También, a través de un decreto, elevó al rubro a la categoría de industria, “porque Argentina es el cuarto exportador mundial de contenidos audiovisuales”, según indicó en su discurso.
“Yo sabía que esta idea les iba a gustar. Estoy emocionada con la convocatoria”, destacó Fernández de Kirchner ante el público que llenó el salón del Museo del Bicentenario. El Polo que se construirá en la isla Demarchi, cerca del Casino Flotante de Puerto Madero, generó entusiasmo entre los invitados mientras se presentó el video que sintetizó el proyecto. “Esto es simplemente la convicción y la clara percepción del valor de industria, del valor generador de puestos de trabajo altamente calificados, de exportar contenidos culturales que tiene nuestra industria cinematográfica”, sostuvo la Presidenta y enumeró las distintas profesiones que se vinculan con el sector audiovisual, como “actores, directores, técnicos, sonidistas, camarógrafos y maquilladores”, entre muchos otros.
El proyecto, elevado a la Presidenta por la Secretaría de Comunicación y la Jefatura de Gabinete, fue firmado por CFK a través de dos decretos. Consiste en la creación del Polo de Desarrollo de la Industria Audiovisual en la isla Demarchi y el incremento del subsidio para la producción de películas nacionales. El primer decreto eleva el monto máximo del subsidio para películas nacionales que se encontraba en 3,5 millones de pesos a 5,5 millones (ver aparte). El segundo decreto abre la posibilidad a las productoras de contenidos audiovisuales, digitales y cinematográficos de tener acceso a los mismos beneficios que se otorgan a la industria. Este punto estuvo fundamentalmente apuntado hacia la integración de las pequeñas y medianas empresas del rubro, que tenían dificultades para acceder a créditos.
Después de repasar la expansión del sector cinematográfico, la Presidenta precisó que el país “es el cuarto exportador mundial de contenidos audiovisuales”. Luego bromeó con su “amor” por la construcción (“debo ser la reencarnación de algún gran arquitecto egipcio”, dijo) y anunció que estaban “abiertos a todas las ideas y proyectos que presenten desarrolladores privados. Siempre partimos de un piso, nunca menos que esto, si vienen por más, mejor todavía”, afirmó CFK después del video que mostró algunas ideas sobre la propuesta. La isla contiene galpones y terrenos vacíos que el proyecto propone transformar en una “ciudadela de contenidos audiovisuales”, como se escuchó entre los invitados, que se animaron a comparar la iniciativa con la Cinecittà italiana. El terreno ubicado en Puerto Madero pasará a manos de la Anses en un 99 por ciento y el porcentaje restante será para la Secretaría de Política Económica. En 30 días se abrirá la licitación para presentar los proyectos de “desarrolladores urbanos”, como anunció la Presidenta. “Va a haber un comité evaluador que va a estar integrado por Anses, la Secretaría de Comunicación, el Ministerio de Planificación, y también vamos a invitar al Gobierno de la Ciudad”, sostuvo, generando algunos tímidos chiflidos que quedaron allí.
“Este era un fuerte deseo del sector y de una industria que creció tanto por el apoyo del Estado nacional. El país necesitaba un polo audiovisual y que el sector sea considerado industria para imprimir mayor fuerza a la producción”, dijo a este diario la titular del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, Liliana Mazure.
El salón del Museo del Bicentenario estuvo colmado de invitados desde temprano. A partir de las 11 comenzaron a llegar personalidades de la cultura y el espectáculo atraídas por un anuncio que se mantuvo en secreto hasta último momento. La pregunta era recurrente: “¿Sabés algo? ¿De qué se trata?”, se escuchaba mientras se esperaba el inicio del acto. La pista pasaba por la Secretaría de Comunicación y la cantidad de empresarios vinculados con los medios y el cine que se encontraban entre el público. Los pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo se mezclaban con actores y directores como Pablo Echarri y su pareja, Nancy Duplaá; Antonio Gasalla, Juan Leyrado, Alejandra Darín, y directores como Luis Puenzo, David “Coco” Blaustein y Daniel Burman, entre muchos otros. También estuvieron numerosos empresarios de medios gráficos y audiovisuales, como Daniel Hadad, Claudio Villarruel, José Luis Manzano, Sergio Szpolski, Sebastián Ortega, Claudio Martínez, Gastón Portal y Jorge Prim, Hugo Soriani y Fernando Sokolowicz, de Página/12.
En el escenario, la Presidenta fue acompañada por casi todo el gabinete nacional, además de los gobernadores José Luis Gioja (San Juan), Juan Manuel Urtubey (Salta) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero). El entrerriano Sergio Urribarri se encontraba en primera fila, al igual que el bonaerense Daniel Scioli y la gobernadora catamarqueña Lucía Corpacci. Unos asientos más atrás, el tucumano José Alperovich compartía lugar con el jujeño Eduardo Fellner, ex presidente de la Cámara de Diputados. La presencia de los gobernadores no estaba directamente vinculada con la presentación del Polo. Antes, la Presidenta entregó diplomas a los primeros créditos adjudicados por el plan Pro.Cre.Ar, para la construcción de viviendas para personas que fueran titulares de un terreno. “Las primeras cien familias están simbolizadas en estas tres familias salteñas, dos tucumanas y una riojana”, señaló y no se privó de chicanear a la banca privada: “Quiero decirles un secretito, no voy a decir quiénes, pero dos son empleados de bancos privados y les da el crédito el Estado nacional con mucho orgullo”.
Por Julián Bruschtein

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